La propuesta de Ley federal de Protección de Fuentes (ley escudo, shield law), aprobada por el Comité Jurídico del Senado el 12 de septiembre de 2013, desafortunadamente está lejos de cumplir con las recomendaciones que hizo Reporteros sin Fronteras al respecto. El que de nuevo se presentara en el Congreso, tras el escándalo suscitado porque el Departamento de Justicia obtuvo los registros telefónicos de la agencia Associated Press, era un signo alentador. Pero sucede que, al parecer, algunas disposiciones no ofrecen suficiente protección e incluso son peligrosas para el periodismo de investigación.
“La versión de la ley aprobada por el Comité Jurídico del Senado tiene graves lagunas. Se basa en una definición demasiado restrictiva de la función de un ‘periodista’, que excluye a los blogueros y a ciertos difusores de información. Además de reducir el segmento de quienes podrían beneficiarse con ella, a priori la ley no se aplicará a todos aquellos que realicen la labor de investigar temas relativos a la seguridad nacional y de gran interés público. La propuesta de ley corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío si no se enmienda en el sentido de que proteja más a los periodistas y a los actores de la información en general”, considera Reporteros sin Fronteras.
“La ‘ley escudo’, votada tal y como estaba redactada, no habría impedido que el Departamento de Justicia obtuviera el historial de llamadas de Associated Press. Tampoco habría evitado que el FBI cazara las fuentes informativas de James Rosen, del canal Fox News, ni habría salvado al periodista de The New York Times, James Risen, del fallo judicial que lo obliga a revelar el nombre de sus informantes, al que todavía está sometido. No obstante, estos ejemplos demuestran la importancia del rol del periodismo de investigación. Sin él, ¿qué habríamos sabido del escándalo del Watergate? ¿Y de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en nombre de la ‘guerra contra el terrorismo’? En un clima de caza a las fuentes, la ‘ley escudo’ no está a la altura de los retos”, agregó la organización.
Os limites da confidencialidade
Algunos senadores no ocultaron sus intenciones. La demócrata californiana Dianne Feinstein dijo que sólo debía protegerse a los “verdaderos reporteros” y que ella no podía apoyar el proyecto de ley si “incluso Edward Snowden debía gozar de este privilegio [de protección de fuentes –N. de la R.]”. El ponente la propuesta de ley Chuck Schumer (demócrata del estado de Nueva York) no dijo algo muy distinto: “cuidamos distinguir a los periodistas de aquellos que no deben gozar de protección, como WikiLeaks”. La ley escudo “no protege a las personas o entidades cuya vocación es publicar documentos de fuentes primarias que les fueron otorgados sin autorización”.
¿Cuál será el verdadero umbral de confidencialidad del que gozarán los periodistas si la propuesta de ley que llegó al Congreso venía para ser adoptada en su versión actual? La preocupación permanece. Además de James Risen, otro periodista corre el riesgo de ser encarcelado por negarse a revelar la identidad de una fuente, esta vez en el caso de un crimen local. El 31 de agosto pasado Joe Hosey, jefe de redacción del sitio web informativo Joliet Patch (enlace en inglés), de Illinois, fue conminado por un juez a proporcionar el nombre de la persona que le había filtrado los informes de la policía y la autopsia en el marco de una investigación de un doble asesinato. El periodista disponía de 21 días para hacerlo, es decir, tiene como fecha límite el 20 de septiembre.
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