En ocasiones arrestados y casi enseguida puestos en libertad; a veces detenidos y liberados pero acusados de “reunión ilegal”, “mala conducta” o “falta de acreditación”, los periodistas que cubren las marchas o asambleas del movimiento Occupy Wall Street no sólo enfrentan la frecuente brutalidad de las fuerzas del orden, sino también una especie de “lotería” judicial tras ser interpelados. La situación varía según los estados y las legislaciones locales, pero no por ello deja de constituir un ataque a la libertad de informar. Y esto vale tanto para los profesionales de los medios de comunicación como para los blogueros y activistas que realizan su propia cobertura de los acontecimientos.
“Todos los testimonios, cualesquiera que sea el lugar, tienen un punto en común: en todos los casos de los que tenemos conocimiento el afectado ha asegurado haberse identificado como periodista ante las fuerzas del orden. En vano. Esta actitud acredita la hipótesis de que, más allá del movimiento en sí, es la información sobre Occupy Wall Street lo que se bloquea. ¿Se trata de negar a cualquier precio información cuyo interés público es tan evidente? Si este es el caso, se vacía de contenido la Primera Enmienda de la Constitución. La otra cuestión concierne a la naturaleza de las acusaciones –a veces retenidas, en ocasiones retiradas–, muy variables en su definición por una ‘infracción’ a priori idéntica. En nombre del derecho de informar y de ser informado, consagrado en la Constitución, pedimos a las jurisdicciones concernientes que retiren todo cargo contra los individuos que llevan a cabo de manera pacífica su actividad”, declaró Reporteros sin Fronteras.
“Uso da força não apropriado”
Dos conocidos casos, registrados el 2 de noviembre de 2011, son el de la fotógrafa de Milwaukee Journal Sentinel, Kristyna Wentz-Graff y el de la periodista independiente y diseñadora gráfica Susie Cagle. La primera fue detenida durante una manifestación frente a las instalaciones de la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee; después fue puesta en libertad sin que se retuviera ningún cargo contra ella. La segunda, corrió la misma suerte en Oakland, California, y estuvo detenida cerca de catorce horas en dos prisiones. Aunque fue puesta en libertad, Susie Cagle enfrenta el cargo de “reunión ilegal” (“unlawful assembly”) y deberá comparecer ante el tribunal en diciembre.
También en Oakland, durante las manifestaciones de la semana precedente, la policía uso su arma contra el videoasta Scott Campbell, de 30 años de edad, durante un enfrentamiento de las fuerzas del orden y los manifestantes. El caso, revelado por la prensa local el 7 de noviembre, puso en aprietos a las autoridades, incluidos los policías, quienes admitieron un “uso de la fuerza no provocado e inapropiado”. El 6 de noviembre en Orlando, Florida, fueron arrestados once manifestantes del colectivo Occupy Orlando, entre ellos dos miembros del equipo de comunicación, privando al movimiento de toda difusión de imágenes.
“Mau comportamento”
El 30 de octubre en Nashville, Tennessee, fue detenido John Meador, de Nashville Scene Reporter, tras haber presentado su acreditación de prensa dos veces durante una manifestación frente al capitolio del estado. El periodista es juzgado por “allanamiento de morada” (“criminal trespass”) y “alteración del orden público” (“public intoxication”).
Los primeros periodistas detenidos durante las grandes manifestaciones inaugurales de Nueva York también han hecho frente a diversos cargos. Detenido ocho horas el 24 de septiembre por falta de acreditación, John Farley, de la revista MetroFocus, fue exonerado el 2 de noviembre de la acusación de “mala conducta” (“disorderly conduct”). No fue el caso de Natasha Lennard, colaboradora independiente de The New York Times, y de Kristen Gwynne, del sitio web AlterNet, detenidas el 1de octubre.
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