La relación entre el gobierno kirchnerista, desde el poder en 2003 y ahora representado por Cristina Kirchner desde 2007 hasta la actualidad, y la prensa ha sido siempre controversial. Luego de conceder el permiso para que el Grupo Clarín unificara dentro de su holding a las proveedoras de televisión paga Cablevisión y Multicanal (al final de su mandato), emprendió una embestida contra la posición monopólica del Grupo, que cuenta con más de 30 empresas; todas vinculadas a los medios de comunicación. Entre ellos se encuentran el diario Clarín, de mayor tirada nacional, La Razón, de distribución gratuita, La Voz del Interior, el más importante de Córdoba, Los Andes, el más importante de Mendoza, e el único diario deportivo, Olé. También es dueño de Canal 13, Radio Mitre, y tiene participación en la agencia de noticias privada DYN. Además, el Grupo Clarín es accionista mayoritario en Papel Prensa, constituido ahora en la madre de las batallas entre el multimedios conducido por Ernestina Herrera de Noble y el Ejecutivo nacional.
Papel Prensa es la principal empresa dedicada a la fabricación de papel para diarios. Acapara el 70 por ciento del mercado local. Propiedad mayoritaria del Grupo Clarín (49%), desde su hegemónica posición, maneja e impone el precio del insumo sin ningún tipo de regulación. El Estado nacional posee el 27,46%, mientras que La Nación maneja el 22 %.
Según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en junio de 2010, la papelera vendió a sus empresas relacionadas entre el 70 y 80 por ciento de su producción. Esto la convierte en un proveedor casi exclusivo de Clarín, La Nación y de sus sub-empresas. Sucede que son pocos los medios gráficos que pueden afrontar un precio impuesto por los periódicos más grandes del país.
Irmão de Graiver desmente governo
El gobierno asestó un golpe preciso en la médula del monopolio mediático al enviar al Congreso un proyecto de ley para regular Papel Prensa. Para legitimar su iniciativa, elaboró un informe que revela las presuntas irregularidades en la venta de la empresa durante la última dictadura militar a los actuales dueños. Bajo el nombre de ‘Papel Prensa: La verdad’ y con los testimonios de la mujer del ex-propietario David Graiver, Lidia Papaleo, y del testaferro de Graiver, Rafael Ianover, el texto repasa las presiones que impuso la junta militar para que cedieran la compañía a Clarín, La Nación y La Razón, diario que fue luego absorbido por Clarín.
David Graiver falleció el 7 de julio de 1976, poco después del golpe de Estado, en un accidente aéreo en México. A principios del año siguiente, los integrantes del Grupo Graiver fueron ilegalmente detenidos y sus bienes confiscados. A principios de este mes de septiembre de 2010, la presidenta Cristina Kirchner instruyó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, para que impulsara un pedido ante la Justicia y así determinar si se produjeron crímenes de lesa humanidad para forzar la venta.
Paralelamente, mientras los legisladores kirchneristas trabajan a contrarreloj para votar el proyecto, el Grupo Clarín y La Nación logran abroquelar a la oposición para denunciar a la movida oficialista como un supuesto ataque a la libertad de prensa. Desde las principales páginas de ambos periódicos y desde el canal Todo Noticias, propiedad de Clarín, ponen en duda la versión oficial de la historia. Isidoro Graiver, hermano de David, declaró ante la Justicia y, según ese diario, insistió en que no recibió amenazas para transferir las acciones de la empresa. ‘Desacreditó por completo la versión alentada por el gobierno sobre irregularidades en la operación’, señaló Clarín en una de sus últimas ediciones.
O contexto da Lei SCA
Pero el encono del matrimonio presidencial y la prensa opositora se repercutió en otros terrenos. A pesar de autorizar que Cablevisión, propiedad de Clarín, comprara Multicanal y se transformase en la mayor empresa servidora de internet y televisión paga, los Kirchner emprendieron una batalla mediática, judicial y política contra el periódico.
Tres años después de esa firma, y bajo la orden de la presidenta Cristina Kirchner, el ministro de Economía, Amado Boudou, anuló el matrimonio de esas empresas al remarcar que ‘adquirieron una cantidad de acciones adicional a la que ya poseían, por lo que resultaban titulares, directa e indirectamente, de aproximadamente el 60 y el 40%, respectivamente, de las acciones de Cablevisión’. Enmarcado en este escenario, también cayó la empresa proveedora de internet Fibertel, dependiente de Cablevisión. El gobierno le dio de baja la licencia porque ‘funcionaba de manera ilegal’. Nuevamente los diputados ‘anti-K’ dispararon contra la decisión oficialista aduciendo una ‘persecución contra los que piensan diferente’.
La iniciativa que más sacudió el avispero fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Con la aprobación parlamentaria, en octubre del año 2009, la SCA reemplazó a la antigua normativa, creada durante la dictadura, y según sus autores apunta democratizar el mercado de la frecuencias. En una nueva decisión polémica, el 1 de septiembre, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley mediante un decreto de necesidad y urgencia. Como su aplicación se encuentra suspendida porque todavía hay varias presentaciones judiciales en contra, la oposición denunció que el Gobierno ‘salteó la justicia’ e intentó, hasta ahora sin suerte, bloquearla en el Congreso.
Las arremetidas emprendidas por el lado de los Kirchner para intentar amedrentar al gigante mediático se multiplicaron. Mientras que el ex presidente vapuleaba al Grupo Clarín en cada discurso que podía, las agrupaciones vinculadas al gobierno empapelaban la ciudad de Buenos Aires con leyendas que quedarían en la memoria: ‘Todo Noticias = Todo Negativo’ y el no menos contundente ‘Clarín miente’.
O estratégico futebol
Lo que si quedará en la retina de los empleados del ‘gran diario argentino’ fue la invasión de los doscientos inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que llegaron a las oficinas del diario para controlar los balances. El hecho se produjo en medio del debate por la Ley SCA, en septiembre de 2009.
El programa Fútbol para Todos también fue un cimbronazo en el mercado de la comunicación. Hasta la aplicación de este programa, en septiembre de 2009, la transmisión del fútbol argentino (todas sus categorías) estaba monopolizado por la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), propiedad de Torneos y Competencias (TYC) y de Clarín en partes iguales. Los partidos más importantes eran codificados y los abonados del cable debían pagar un plus para mirarlos. Una vez acordado un nuevo contrato con el Estado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) marginó a TSC a pesar de las demandas millonarias que podrían advenirse.
Actualmente, la AFA recibe 600 millones de pesos (120 millones de euros) por parte del Estado por la transmisión de los partidos de la primera división. Según distintos cálculos, el Fútbol para Todos le cuesta al Estado poco más de 1.5 pesos por ciudadano al mes.
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