La Corte Suprema de Justicia colombiana debe desestimar de forma inmediata las demandas penales por difamación sin precedentes contra dos prominentes columnistas locales que cuestionaron acciones recientes de la Corte, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). La sala penal de la Corte Suprema anunció el jueves en un comunicado que presentará una demanda por difamación contra Cecilia Orozco Tascón, quien escribe una columna muy leída en el diario bogotano El Espectador, y María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana.
“Es indignante que una sala entera de la Corte Suprema colombiana acuse a las periodistas Cecilia Orozco Tascón y María Jimena Duzán por difamación debido a opiniones expresadas en sus columnas”, afirmó desde Nueva York Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “La jurisprudencia interamericana afirma que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio. Este es un acto de intimidación contra periodistas por parte de uno de los órganos más poderosos del país.”
En una columna del 22 de agosto, Orozco criticó al tribunal por haber relevado al magistrado Iván Velásquez de su cargo de jefe de la unidad de investigación de la corte. Velásquez fue una figura clave en el descubrimiento de los vínculos financieros y políticos entre funcionarios públicos y las organizaciones paramilitares de derecha, ahora disueltas. El juez fue objeto de críticas feroces por parte de los políticos implicados y del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo segundo primo, el ex senador Mario Uribe, fue encarcelado en el escándalo conocido como "parapolítica", según informes de prensa.
Corte Suprema negou acusações
Orozco cuestionó la explicación oficial de la corte de que Velásquez simplemente había completado su mandato, y sugirió que su separación del cargo se debió a la presión de los políticos implicados que querían impedir las investigaciones judiciales en curso. El periodista también sugirió que muchos de los jueces de la Corte Suprema habrían obtenido sus puestos a cambio de favores políticos. La declaración de la Corte Suprema negó las acusaciones de Orozco e indicó que su lenguaje ofendió el honor de la corte. La declaración también afirmó que la columna era “infundada”, “torcida” y “denigrante”. Orozco afirmó a Radio RCN de Bogotá que “no rectifico una coma” de la columna.
La columna de Duzán del 19 de agosto, criticó una serie de cambios que según ella les otorgaba tratamiento especial a los políticos, ya que resultaría en penas de prisión menos severas para funcionarios condenados por delitos en comparación con ciudadanos comunes. Duzán también criticó la decisión del tribunal de extraditar a un importante paramilitar a los Estados Unidos por narcotráfico en vez de enfrentar un juicio en Colombia por la masacre de civiles. La columnista escribió: “Es claro que para esta Corte es más importante el delito del narcotráfico que haber asesinado y masacrado a colombianos; la cooperación internacional con Estados Unidos que en su concepto sí ha sido eficaz, que los derechos de las víctimas a saber la verdad y a ser reparadas.”
En la declaración del jueves, la Corte Suprema negó las acusaciones, y calificó a la columna de “tendenciosa”. “Reitero lo escrito en la coluna”, Duzán indicó al CPJ. “La corte debería responder sobre estos problemas en vez de tratar de enjuiciar a periodistas.” En su comunicado, la corte reconoció que “se trata de columnas de opinión, merecedoras del más absoluto respeto de parte de la comunidad, por ser expresión del derecho fundamental a opinar”, pero afirmó que “esto no significa que so pretexto de su ejercicio, deba tolerar o callar ante los atropellos de otros derechos, también de origen constitucional, como la dignidad, el buen nombre, la imagen y la honra”.
Leis de difamação arcaicas
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) indicó al CPJ que no había precedente de una sala de la corte demandando por difamación en el país. Tras el anuncio del jueves de la Corte Suprema, la FLIP difundió un comunicado en el que afirmó que la Corte Constitucional de Colombia había decidido que todas las expresiones, incluyendo las que son ofensivas, están protegidas por la constitución.
En 2011, la Corte Suprema ratificó disposiciones penales por difamación en el código penal. La decisión contradice un consenso emergente de más de una década por parte de tribunales de justicia y legislaturas en la región en el sentido de que las leyes civiles proporcionan reparación suficiente para casos de supuesta difamación. Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y declaraciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han argumentado en forma reiterada que los funcionarios públicos deben ser sometidos a un mayor nivel de escrutinio. Sin embargo, algunos gobiernos en la región continúan utilizando leyes de difamación penal arcaicas para silenciar el dissenso.
En mayo, el CPJ lanzó la campaña “Los críticos no son criminales” para combatir la criminalización de la expresión en las Américas.
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