Josep Maria Casasús

"El pasado domingo atendí al lector Joan Solergibert Sorni a propósito de una carta que resumió en los siguientes términos: ?Me preocupa que todos los periódicos españoles repitan las noticias, más o menos oficiales de agencia, sin que ellos se preocupen de verificar el linaje de la noticia, que a veces nos llega a los lectores tan poco creíble como oficial, con sus tics de ?secreto del sumario?, ?alarma social?, etcétera. La única forma de salirnos de esta modorra es que ustedes investiguen ciertas noticias, y dejando aparte políticas, tendencias y afectos nos contasen lo que ha ocurrido. Esto es lo que disfruté en mis años en Estados Unidos. Por lo demás, me gusta mucho La Vanguardia, cuyo último acierto ha sido Dinero, gran generador de ideas contrapuestas?.

El periodismo de investigación por el que aboga este lector debería ser dominante. En algunas cátedras universitarias de esta área se insiste en que todo el periodismo informativo debería ser de investigación. Hablar de periodismo de investigación, afirman algunos de mis colegas docentes, es un pleonasmo. En la práctica, sin embargo, se investiga poco. La investigación periodística entraña dificultades y riesgos, y comporta unas exigencias que no siempre se respetan.

Hace ocho días, el sábado 9 de marzo, recibí dos cartas electrónicas relacionadas con una información periodística titulada ?La mano que mece la trama?, firmada por el periodista Carles Castro y publicada por La Vanguardia en la página 19 de la edición del lunes 4 de febrero del 2002. A pesar de que ha transcurrido más de un mes de la publicación, personas que se consideran afectadas por el contenido de aquel trabajo periodístico, o por las consecuencias de la polémica que generó, no apelaron al defensor del lector hasta el pasado fin de semana.

Veamos sus quejas. Respecto a la citada información sobre la trama de la violencia callejera, la lectora Mercè Paradell, en su condición de secretaria de la Associació de Mares i Pares Alarmats Pels Fets de Sants (Mapafs), dice sustancialmente en una carta fechada el pasado 9 de marzo: ?El artículo hace una serie de afirmaciones sobre relaciones y actuaciones de grupos políticos, sindicales y diversos vinculándolos a actuaciones violentas, citando como fuente de información, hasta cinco veces, un estudio o informe del que no cita los autores, hecho que hace imposible consultar esta fuente. Entre estas acusaciones figura la afirmación de que los incidentes del 12 de octubre de 1999 en Sants son la primera manifestación violenta de la citada actuación de grupos políticos ?radicales?, hecho que puede perjudicar a los jóvenes detenidos y todavía no juzgados?.

Lo cierto es que, dos días después de publicar La Vanguardia la citada información periodística, el mismo diario insertó otra información con el siguiente título a tres columnas: ?Los sindicatos IAC y Ustec rechazan que se los vincule al independentismo radical? (edición del miércoles 6 de febrero del 2002, página 16). Aquel mismo día, en la sección Cartas de los Lectores (página 20) se destacó (recuadrado y a dos columnas) un texto firmado por Carles Martínez, portavoz de Ustec-STEs, titulado ?Desmentido de Ustec-STEs?. En él se puntualizaba, en sustancia, que este sindicato del sector de la enseñanza ?no ha participado nunca en ningún proyecto independentista?.

Una de estas rectificaciones es replicada por el lector Eduard Serra, como presidente de la Associació Democràtica Catalana de Funcionaris de Presons (Adecaf), en una carta recibida el jueves por el defensor. Transcribo la parte sustancial: ?Si bien Ustec-IAC afirman en su réplica no ?estar coordinados? (sic) con la COS, es decir, con la central que Terra Lliure identificaba como ?organización sindical propia? en sus comunicados, lo cierto es que la página web de Catac anunció a bombo y platillo en 1999 la fundación de la denominada Coordinadora Unitaria, órgano que agrupaba a la COS y a todos los sindicatos de la IAC en un proyecto político común de carácter independentista?.

Planteo al periodista Carles Castro, responsable de la información objetada, aquella queja formulada ante el defensor por la lectora Mercè Paradell. Castro explica que se limitó a resumir, y en algún caso a transcribir literalmente, el contenido de un extenso informe que le fue entregado por personas identificadas como miembros de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Añade: ?Se trata de un texto elaborado de acuerdo con los protocolos de un trabajo de investigación académica y en el que todas las afirmaciones e interpretaciones (no necesariamente compartidas por el autor de la información) se fundamentan en una exhaustiva documentación anexa que incluye desde bibliografía publicada a documentos originales, publicaciones periódicas y boletines de las organizaciones mencionadas. De hecho, gran parte de las afirmaciones del informe ya habían sido publicadas en otros medios de comunicación?.

Es cierto, como alega también Carles Castro, que La Vanguardia publicó inmediatamente los primeros desmentidos que se recibieron. Pero admitamos que no se había actuado con el rigor exigible en periodismo.

Veo dos distorsiones en el proceso seguido en la elaboración del texto periodístico objetado, materia en la que procede la intervención del defensor del lector, según el Estatuto de esta función en La Vanguardia.

La primera es que no se cumplió con el deber de contrastar la información documental con otras fuentes directas, como son en ese caso los colectivos aludidos. La segunda es que debió identificarse con más precisión la fuente a la que se atribuye la información, máxime por ser fuente única. En conclusión, era una información incompleta."